Sería enormemente injusto decir que el gobierno de Catalunya es un manirroto porque necesita liquidez. Este problema se debe en gran medida a que su financiación no puede ser más insuficiente. Esa es la auténtica injusticia de base, a partir de la cual pueden aparecer soluciones incluso poco ortodoxas, o mejor dicho, poco habituales, como una emisión de bonos para inversores particulares.
Una anécdota de la campaña electoral (campaña que tiene mucho que ver con la controversia que los mal llamados bonos patrióticos han suscitado) ilustra a la perfección lo que ocurre en realidad. En el debate electoral de TV3, la candidata del PP, Alicia Sánchez-Camacho, acusó al tripartito de dejar endeudado en 5.000 euros a cada ciudadano. Le respondió, de forma bastante inapelable, el candidato de ERC, Joan Puigcerós: esos 5.000 euros por cabeza corresponden precisamente al déficit fiscal que acumula Catalunya.
Cabría añadir que el endeudamiento de 5.000 euros por cabeza se pagará una sola vez, aunque sea a plazos, mientras que el desfase de financiación se produce ejercicio tras ejercicio.
Naturalmente, a Catalunya, como región "rica", le corresponde una obligación solidaria, al menos mientras continúe formando parte de España. Eso quiere decir que una parte de los 22.000 millones de euros de déficit fiscal no regresará nunca, a no ser que, por haberse declarado la independencia, ya no se envíe nada a nadie. Pero una vez dicho esto, debemos plantearnos si la solidaridad es un cheque en blanco o si cabe ejercerla de otra manera.
El modelo alemán de solidaridad fiscal, que consagraba el Estatut, era una excelente solución. Según dicho modelo, una comunidad no puede perder puestos en el ránquing de renta una vez ejercida la solidaridad. Si se quiere, es una forma elegante de decir que las regiones desfavorecidas tienen derecho a recibir ayuda, pero que deberían ir pensando en espabilar un poco. Como mínimo, en usar la solidaridad que reciben para no tener que necesitarla, o necesitar menos, en un plazo razonable. Es una forma también de recompensar el esfuerzo que hacen quienes más pagan. Al menos, de no penalizar su capacidad de crear riqueza y, por tanto, de generar ingresos fiscales. Pero como la mayor parte de las buenas ideas del Estatut, ésta ha acabado como todas las demás.
Es más, existe un discurso demagógico sobre el derroche de las comunidades autónomas, sobre el que resulta necesario hacer algún comentario añadido. Que el modelo de Estado adoptado en 1978 incluye duplicidades e incongruencias no siempre deseables, es una obviedad. Pero se trata de una obviedad consustancial al modelo.
No se trata únicamente de una cuestión política. Es decir, de cómo se organizó territorialmente España tras el franquismo, o de cómo se intentó dar salida a las aspiraciones de autogobierno de las comunidades históricas o naciones (el apelativo depende de cada cual). Se trata también de una cuestión económica, claro está. Puede que el sistema sea algo más caro, pero más caras, por ineficientes, son las dictaduras, si vamos a echar cuentas.
Además, la idea de que un Estado fuertemente centralizado es más barato no siempres se sustenta. Hay ejemplos históricos abundantes sin salir de la península ibérica. La España de Felipe II quebró cuatro veces en apenas 25 años. Aunque el centralismo español se acentuó en siglos posteriores, nadie se creería que el monarca de Lepanto y El Escorial era un peligroso nacionalista periférico, por llamarlo de alguna forma.
Un último inciso. A nadie debería extrañarle el auge del independentismo de los últimos tiempos. Como escribimos en ocasiones anteriores, se trata de un patriotismo de cartera más que de sentimientos. Podemos decir que un creciente número de catalanes piensan que dentro de España no existe encaje satisfactorio alguno. Pero como también dijo Puigcercós, equivocándose mucho en la forma al hablar de Andalucía, nadie puede replicarle con los números en la mano.
Y sobre esos bonos tan maléficos según algunos, el mercado ha hablado con suficiente claridad, con una demanda que ha duplicado generosamente la oferta. Si no se puede confiar en las finanzas de la Generalitat, no lo parece, la verdad.
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