La financiación de los partidos ( y 2)

¿Podemos ponerle algún remedio a la financiación de los partidos políticos? Es decir, ¿podemos ponerle alguna solución que evite esa imagen (y no sólo la imagen, sino los hechos en sí) de aprovechamiento y hasta de saqueo de las arcas públicas? Pues sí, aunque incompletas e imperfectas, hay otras formas de hacer las cosas. Pero la cuestión está en que a alguien le interesen.

No despreciemos las lecciones de democracia pragmática que nos pueden llegar de Estados Unidos. Aunque allí no existen partidos como los de aquí (o no funcionan exactamente igual), los gastos electorales son muy superiores. Hace tiempo que el sistema norteamericano decidió coger el toro por los cuernos y aceptar sin ficciones lo que era la realidad: es decir, que los partidos se financian de donaciones particulares y que, tanto por tanto, era mejor aceptarlas todas, sin límite alguno de importe, siempre y cuando fuera público y notorio quien daba y quien recibía.

Esta fórmula, evidentemente, no impide que gobernantes y legisladores acaben representando no a sus ciudadanos sino a quienes les pagan las campañas. A lo largo de la historia de ese país ha habido miembros del Senado que no eran conocidos como el senador por Texas o Winsconsin, sino como el senador de la General Motors. Sin embargo, que se sepa “urbi et orbe” limita las cosas más de lo que podría parecer. En última instancia porque las campañas y el dinero influyen más o menos, pero al final quienes votan en las urnas no son los grandes grupos económicos y los “lobbies” que emplean.

En alguna otra ocasión, nos hemos referido a la idea de que tal vez saldría más a cuenta que los presupuestos públicos asumieran los gastos de los partidos. Es una de esas ideas que causan repugnancia conceptual, claro, pero que no deberíamos descartar del todo por su evidente pragmatismo. En realidad, es prácticamente seguro que nos saldría más a cuenta.

Sin embargo, ¿se avendrían los partidos a que se supiera cuánto dinero manejan? Mucho nos tememos que no, que anteponen no tener que dar explicaciones a la comodidad evidente de no tener que preocuparse de nada. También podría ser que una financiación pública les obligara a hacer otro tipo de campañas y a mantener otro tipo de aparatos. Más reducidos en ambos casos, se entiende. Pero a fin de cuentas una eventual ley en este sentido se la harían ellos mismos, o sea que tampoco habría mayor problema.

Somos conscientes de que ambas alternativas no son para tirar cohetes. Pero nos preguntamos si es mejor el actual panorama de corrupción descarnada o de inventos con gaseosa con fundaciones y cajas de ahorros. En el peor de los casos, eso de ir a entidades financieras, como si se tratara de ciudadanos particulares con un problema en la hipoteca, cuando resulta que uno controla esas entidades o les ha hecho favores que puede puede cobrarse, tampoco luce con mejor brillo.