¿Encerrar de por vida a los violadores?

De Francia nos llega una idea que demuestra cómo se puede perseguir la solución a un problema real por una vía nefasta. No es tanto la castración química de los violadores, como el proyecto para recluir a estos delicuentes en supuestos hospitales al término de sus condenas. Nadie duda de que muchos violadores reincidirán al volver a la calle, pero si quieren encerrarlos de por vida, que reinstauren la cadena perpetua, que dentro de lo mala que es resulta mejor que la detención decidida por el Estado sin garantía ni control judicial.

Según la propuesta del presidente francés, Nicolas Sarkozy, los violadores a punto de cumplir condena serían sometidos a una valoración médica. Si se determinara un altísimo riesgo de reincidencia, los condenados pasarían de la cárcel a un hospital. Allí permanecerían mientras un comité de médicos no decidiera su curación o rehabilitación. Dado lo frecuente que es la reincidencia en este tipo de delito, el encierro sería poco menos que de por vida.

Reconociendo que existe un problema grave y de muy difícil solución, la alternativa ofrecida por el presidente francés es enormemente preocupante. No lo decimos por ningún tipo de simpatía hacia los violadores, claro está. Lo que ocurre es que en un sistema democrático hay cosas que son de muy mal llevar.

Puede que las penas sean insuficientes o, en todo caso, que no sirvan para su presunto fin de rehabilitar al delincuente. Pero ¿cómo se come que alguien pueda continuar privado de libertad después de cumplir su condena? Y no con acusaciones a la carta, como ocurrió en nuestros pagos con el terrorista De Juana Chaos, sino con una detención administrativa que supervisarán médicos y no jueces. Es una mala fórmula y un precedente gravísimo.

No es que a una persona patológicamente violenta no se la pueda ingresar en un psiquiátrico por orden judicial. Es que es esa coletilla de la orden judicial lo que le da al asunto las garantías imprescindibles. Hace muchas décadas que las sociedades democráticas decidieron que para obligar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad se requerían normas y procedimientos creados con carácter general y que se aplicaran mediante un poder independiente de los gobiernos para evitar arbitrariedades y asegurar derechos.

Por eso, la orden de ingreso en un hospital es correcta y razonable si la emite un tribunal. Pero no si es decidida por el gobierno o por médicos que pueden determinar ciertamente si alguien está “curado” o no, pero que no deberían decidir, al menos de forma directa, si va a seguir privado de libertad.

Creemos haber señalado, modestamente, una vía posible para vestir al santo con cierto sentido del decoro jurídico. Pero si lo que pretende el presidente de Francia es encerrar a los violadores de por vida que no recurra a argucias contrarias ya no a la ley sino a la simple inteligencia. Que abogue por la reimplantación de la cadena perpetua. No es que nos parezca una buena solución, pero como mínimo tan drástica pena se señalará, aplicará y supervisará por un tribunal de justicia.

Nos dirán que la cadena perpetua niega la misma base del sistema penal como instrumento de rehabilitación. Ello no tiene porque ser así. En los países en que aún se aplica, la cadena perpetua puede ser con posibilidad de remisión o sin ella. Incluso la modalidad sin remisión, destinada a delitos especialmente graves, no significa necesariamente morirse en la cárcel. Tanto menos la cadena perpetua con posible remisión.

Nos sentimos incómodos argumentando en pro de la cadena perpetua. Pero es preferible a su equivalente arbitrario y sin garantías. En todo caso, no olvidemos que las garantías no están pensadas para que se beneficien de ellas los que incumplen la ley, sino para protegernos a todos. Esa debería ser la lección que sacaramos de este asunto. Puede que un violador reincidente no ser merezca vivir en libertad, pero el recorte de derechos que se le aplique, tarde o temprano nos afectará a todos.