El Gobierno ya ha aprobado una de sus propuestas electorales de más gancho: los famosos 400 euros para cada contribuyente, dentro de un paquete de 10.000 millones de euros para intentar insuflar oxígeno a una economía que se atasca por momentos. Bien está que se cumplan las promesas electorales, pero hay que plantearse si las medidas adoptadas son suficientes. En tiempos en que los mismos políticos distinguen entre medidas estructurales y las que no lo son, no es una mala pregunta.
Digamos, en primer lugar, algo sobre el cumplimiento de las promesas electorales. Dado lo mucho que incumplen todos los partidos aquello que prometen en campaña, hay que reconocerle al mérito a algo que, en definitiva, no es más que una obligación, librementre adoptada por otra parte. No obstante, tampoco es para tirar coetes. Los manuales electorales, en particular los que estudian los socialistas, recomiendan efectuar una promesa que sea muy popular y que se pueda llevar a la práctica inmediatamente después de la toma de posesión.
Pero incluso esto tiene también su mérito: si Zapatero ha podido cumplir al pie de la letra es gracias a una gestión previa que ahora le permite tirar de caja. Otra cosa es si no habría que tomar medidas más amplias, en lugar de dejar que el dinero continue rebentado las costuras de la caja fuerte del Banco de España.
En el mejor de los casos, queda claro que las medidas del Gobierno tienen un carácter pasajero. Hay que decir también que no sería lógico que ciertas facilidades se convirtieran en permanentes, pero de ahí a considerar que lo aprobado va a resolver todos los problemas, es esperar demasiado o ser iluso.
Incluso la inyección de liquidez, que contabilizada en términos generales no es despreciable (6.000 millones de euros, un billón de las antiguas pesetas), es irrisoria cuando se desciende al nivel del contribuyente. 200 euros más en la nómina de junio todavía tienen alguna enjundia. 33 euros al mes hasta fin de año puede que alivien alguna pena, pero poco más.
Por otra parte, la supresión del Impuesto de Patrimonio puede celebrarse como la desaparición de una anomalía fiscal sin parangón en nuestro entorno. También lo celebrarán con alegría quienes se vean exentos. Pero se trata del 2% de la población. Y aunque no se puede generalizar, se suele tratar de un sector de la población a la que no le viene de 400 euros.
Bien está también el resto de incentivos a la actividad empresarial y que explícitamente se destinen a pequeñas y medianas empresas. Por descontado que la posibilidad de alargar las hipotecas, sin cargo, puede sacarles las castañas del fuego a muchas familias, y tiene lógica que la medida sea temporal. En realidad incluso está bien que Solbes sea prudente una vez más y apele al equilibrio fiscal para ponerle cierto coto a la inyección de oxígeno.
Pero no deberíamos olvidar como hemos llegado hasta aquí. La actual crisis tiene su origen, por paradójico que pueda parecer, en una bonanza económica prolongada. Se trataba, sin embargo, de una bonanza mal llevada. No sólo creíamos que duraría siempre y lo fíamos todo a la construcción, ignorando los riesgos propios de todo monocultivo. Es que nos comportamos no exactamente como nuevos ricos, sino más bien como quien cree haber entrado en posesión de un tesoro, cuando su riqueza recién adquirida es más figurada que real.
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