dissabte, de setembre 13, 2008

Nos lo ponen fácil para la demagogia

Si nos diera por ahí, no podríamos tenerlo más fácil para un poco de demagogia. Sería tan fácil vincular la desfachatez con que los partidos se han repartido los asientos en el nuevo Consejo General del Poder Judicial, con la irrisoria multa al juez del caso Mariluz... Sin embargo, puede que la demagogia esté en los hechos.

Los medios otrora palmeros del actual Gobierno, los que ahora lo tildan de patético, han calificado de desfachatez el cambio de cromos acordado. Casi lo único bueno que puede decirse del Gobierno en este tema es que la desfachatez ha sido cosa de todos los partidos que han conseguido meter baza.

A alguno de los nuevos consejeros no se les conoce otro mérito jurídico relevante que la posesión del carnet de su partido. Y algunos lo han reconocido con sorprendente franqueza. Ello, por no hablar del pago por los servicios prestados a magistrados relacionados con las más delirantes tramas conspiratorias sobre el 11-M: lo mínimo que puede decirse es que los rebolcones sufridos por sus sagaces investigaciones permiten dudar de su prestigio y capacidad profesional.

En definitiva, quienes todavía intentan comprender las raíces profundas de la abstención electoral podrían pescar en estas pantanosas aguas. La designación por cuotas partidistas de los organismos presuntamente independientes del Estado hace que muchos ciudadanos se pregunten para qué hace falta ir a votar, si luego los partidos van a mercadear con el apoyo recibido.

Mientras los partidos se dedican al compadreo para repartir altos cargos del Estado entre amigos y conocidos, la Justicia sigue avergonzándonos casi a diario. Incapaz de sacarse de encima los casos pendientes, nos sonroja además de tanto en tanto con auténticos esperpentos. La multa irrisoria al juez que no dictaba orden de encarcelamiento para sus propios condenados es una burla a la decencia.

¿Una cosa no tiene que ver con la otra? Puede parecerlo, pero no es así. En el país en que vivimos, que algo esté escrito en una ley y publicado en el Boletín Oficial del Estado no significa necesariamente nada. Y la designación de órganos del Estado con procedimientos de república bananera es plenamente coherente con los resultados que cosechan dichos órganos en su labor diaria.